Aicrag explica cómo afecta el nuevo reglamento europeo a la venta de baterías de ácido

Recanvis Aicrag informa de la llegada del nuevo Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercialización y uso de precursores de explosivos. Esta normativa entró en vigor el pasado 1 de febrero y tiene una afectación directa sobre las empresas y profesionales de la distribución de recambios en la venta de baterías de motocicleta con el ácido sulfúrico diluido aparte (en packs).

El cambio más importante para la cadena de suministro es que la actividad de venta al canal profesional (tiendas, flotistas…) de baterías con packs de ácido debe quedar guardada en un registro y la empresa vendedora debe tener certezas sobre el uso que se le va a dar. «Recanvis Aicrag, como empresa proveedora de este tipo de baterías, está obligada a asegurarse de que su comercialización se realiza según dicta la normativa. Para suministrar este producto al cliente profesional, será necesario que este cumplimente una declaración de la actividad comercial y de conocimiento del Reglamento para la venta a usuario particular», aclara el socio de Serca. Además, el robo del ácido  sulfúrico, en caso de producirse, deberá ser notificado a las autoridades.

Si hablamos del canal de particulares, la venta de este tipo de baterías queda prohibida tanto en tienda como en internet. Eso es debido al riesgo que supone la manipulación de este material, razón por la que ha sido incluido en el Anexo I del citado Reglamento. De este modo, el Reglamento explicita que la venta a clientes particulares deberá realizarse con el ácido ya introducido en la batería, que deberá entregarse sellada.

Además, el nuevo reglamento de la UE desaconseja el envío por mensajería de un producto que no haya sido sellado de origen (fábrica). En caso de derrame del ácido, la responsabilidad será de quien envía la batería. Por el contrario, las baterías activadas de fábrica (SLA/GEL) sí pueden ser vendidas en tienda física o por internet sin inconveniente alguno.

Desde Aicrag dejan constancia de que esta información no reemplaza en ningún caso cualquier requisito legal que pueda ser implementado por el Gobierno o las autoridades de ámbito nacional o local.

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