El Ayuntamiento de Guardamar del Segura, en Alicante, pretendía renovar parte de su flota municipal mediante el suministro de cinco vehículos nuevos 100% eléctricos. El expediente contemplaba tres furgones industriales y dos turismos eléctricos de categoría B para diferentes áreas municipales, entre ellas Oficina Técnica, Servicios Sociales, Deportes, Obras y Medio Ambiente. El procedimiento terminó sin ninguna propuesta empresarial: la licitación fue declarada desierta.
Cinco eléctricos para distintos servicios municipales
La fórmula elegida era un arrendamiento financiero sin opción de compra durante 48 meses. El contrato incluía además servicios asociados de mantenimiento y seguro, según los códigos CPV del expediente 1158/2026, con un presupuesto base de 137.184 euros sin IVA (165.992,64 euros con IVA) y fecha límite de presentación el 7 de septiembre de 2026.
Ninguna empresa presentó oferta
El dato más relevante del procedimiento es que terminó sin licitadores. Ninguna empresa concurrió al contrato, por lo que la licitación fue declarada desierta. Dividido entre cinco vehículos y los 48 meses previstos, el presupuesto base equivale a unos 571,60 euros mensuales por vehículo antes de impuestos, aunque es una referencia puramente aritmética: el expediente combinaba vehículos de distinta tipología y servicios asociados, por lo que no representa necesariamente la cuota individual prevista para cada unidad.
Mantenimiento, seguro y entrega en 90 días
El contrato incluía mantenimiento y seguro durante los cuatro años de duración, y el pliego fijaba la entrega de los vehículos en un plazo de 90 días desde la formalización. Con la información disponible no puede atribuirse la ausencia de ofertas a una causa concreta: el precio, los plazos, las especificaciones técnicas, la estructura financiera o la combinación de servicios pueden influir en el atractivo de una contratación, pero el hecho verificable en este expediente es que ningún operador presentó propuesta.
Un caso relevante para el mercado de flotas eléctricas
El resultado muestra una de las dificultades prácticas de la electrificación de las flotas públicas: la existencia de una necesidad de vehículos eléctricos y de presupuesto no garantiza que las condiciones de una licitación encuentren respuesta en el mercado. Para fabricantes, concesionarios, compañías de renting y especialistas en gestión de flotas, la contratación pública constituye una vía de negocio creciente. Al mismo tiempo, los procedimientos que quedan desiertos aportan información sobre el punto de encuentro —o la falta de él— entre las necesidades de las administraciones y las condiciones que los proveedores están dispuestos a asumir.
¿Qué ocurre ahora?
Tras quedar desierto el procedimiento, el Ayuntamiento deberá decidir cómo atender la necesidad de movilidad que motivó el expediente. Entre las posibilidades está plantear una nueva contratación modificando las condiciones o recurrir a otra fórmula permitida por la normativa aplicable. La decisión concreta corresponderá al órgano de contratación.
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público — expediente 1158/2026.
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