Si la propuesta de reconstrucción de la economía de los Estados miembros que la CE presentó la semana pasada en Bruselas termina por salir adelante, España se beneficiará de un paquete de ayudas europeas valorado en unos 140.000 millones de euros, la segunda cantidad prevista más elevada solo por detrás de Italia. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, dedicó parte de su comparecencia del pasado domingo a celebrar estas ayudas («Europa debe salvar a Europa») y aseguró que una parte importante de las mismas irá destinada a la puesta en marcha de un programa de estímulos para el sector del automóvil.
El anuncio del cierre de Nissan en Barcelona y los reiterados avisos de las principales asociaciones de las dos y cuatro ruedas en España alertando de la gravedad del impacto del coronavirus tras tantas semanas de inactividad, parecen al fin haber llamado la atención del Ejecutivo, que ha reconocido la gravedad de la situación para dos sectores fundamentales en este país: el de la automoción y el del turismo.
El «programa de reconstrucción», pendiente de aprobación en Consejo de Ministros «tan pronto como sea posible», será no solo una medida con la que gestionar la recuperación del sector a lo largo del 2020 sino que promete apuntalar los objetivos de la Administración en línea con el recientemente anunciado proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Dicho programa quedará definido por seis medidas principales que el propio Sánchez confirmó en su aparición de ayer: la renovación del parque de vehículos (con incentivos a la adquisición de automóviles sostenibles); la inversión en I+D+i; medidas destinadas a la fiscalidad, la liquidez y la financiación de las empresas; inversión en los medios de fabricación; y otras medidas en el ámbito laboral. Poca o ninguna concreción se ha dado sobre cada uno de los puntos, por lo que habrá que estar atentos al aspecto final de un plan cuya presentación debería ser cuestión de días.
Para abordar con éxito todas esas grandes medidas, Sánchez anunció otros programas de tipo transversal y que contemplarán aspectos como: el hidrógeno «verde»; la cadena de valor de las baterías para eléctricos; la armonización en España de las distintas medidas (existentes y futuras) sobre movilidad; y el uso de las tecnologías de la información como aliadas en la transición hacia la llamada «nueva movilidad».
«El sector de la automoción es estratégico para el país y determinante para algunos territorios, supone un 10% del PIB, de nuestra riqueza anual y también una importante cantidad de empleo directo e indirecto», sostuvo un presidente que también recordó la apuesta de su Gobierno por una movilidad menos contaminante: «también vamos a ayudar a acelerar la transición a vehículos más limpios y sostenibles en el marco de la transición ecológica en el que está comprometido el país».
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