Tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 que aplica el estado de alarma en España debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la asociación nacional AECA-ITV ha acordado (tras reunión extraordinaria de su Junta Directiva) la decisión de solicitar al Ministerio de Sanidad que suspenda las actividades de ITV en todo el territorio nacional.
El riesgo de contagio que existe en estas instalaciones es muy elevado debido al número de personas que acceden, recuerdan desde AECA-ITV. A ello debe añadirse que, en la actualidad, no existe prácticamente stock de EPIs para proteger tanto a los empleados como a los usuarios de los casi 500 centros que operan en España, lo que imposibilitaría cumplir con las medidas de prevención y protección.
La suspensión inmediata del servicio de ITV debe complementarse con la suspensión del plazo de caducidad de la ITV, al igual que se ha acordado para otros ámbitos. Esta medida garantizaría, en opinión de la asociación, que los usuarios cumplen con su visita a la inspección técnica de su vehículo una vez haya finalizado el estado de alarma, evitando ser sancionados durante el periodo actual de vigencia.
Manifiesta falta de coordinación
AECA-ITV también pide esta medida para así poder actuar de forma homogénea en todo el país. Y es que, desde la entrada en vigor del estado de alarma, la asociación denuncia que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y la policía se están personando en estaciones de ITV de algunos territorios para ordenar su cierre, pero en otros no. Algo que evidencia una clara descoordinación en la actuación de las autoridades competentes, «seguramente por una ausencia de instrucción clara en este aspecto», especifica la entidad.
Asimismo, otras Comunidades Autónomas (Extremadura, Asturias, Andalucía y Navarra) han acordado la suspensión del servicio de ITV en su región y existe la constancia de que los Consells Insulares de Menorca y Mallorca lo podrían decretar en las próximas horas. Esto tiene un claro impacto en el resto de Comunidades Autónomas y usuarios, uno de los motivos por los que AECA pide una normativa generalizada y de aplicación a todo el territorio nacional.
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