¿Cómo afecta el Reglamento 822/2023 al taller autorizado?

Los talleres con contrato en vigor que cumplan con los estándares fijados por la marca tienen derecho a pertenecer a la red oficial, según señaló esta semana la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) en un desayuno informativo en el que analizó las principales directrices del marco europeo que regulará la posventa a partir del próximo 1 de junio. Recordamos que el próximo 31 de mayo expira el marco legal europeo que regulaba la posventa (461/2010), dando paso al Reglamento 822/2023, que estará vigente hasta 2028. Por tanto, el derecho del taller autorizado a pertenecer a la red continuará al menos cinco años más, mientras cumpla los estándares de la marca.

taller autorizado con contrato en vigor que cumpla con estándares de la marca tiene derecho a pertenecer a la red oficial según Ganvam

Tal y como aclaró el director Corporativo y Jurídico de Ganvam, Jaime Barea, «un preaviso de resolución de contrato de taller autorizado no sería conforme al Reglamento 822/2023, pues no hay motivo mientras cumpla estándares. Por eso, es imprescindible que la marca comunique lo antes posible cuál es el marco contractual que les quiere aplicar». De esta manera, en un contexto en el que el fabricante está cambiando el modelo de contrato en el área de venta, la patronal del sector de la distribución de vehículos abordó cómo afecta a los agentes y servicios oficiales este nuevo modelo basado en el contrato de agencia.

En concreto, la patronal del sector recordó que los actuales agentes y servicios oficiales son distribuidores que cuentan con dos tipos de contratos. En el área de venta firmaron un contrato de agente con el concesionario oficial, y en el área de posventa cuentan con un contrato de taller autorizado firmado, en la mayoría de los supuestos, con la propia marca; si bien hay algunas redes cuyos talleres oficiales pueden firmar con los concesionarios en vez de con la marca.

Así, en el supuesto de que una marca cambie hacia un modelo de distribución basado en el contrato de agencia, los concesionarios se convertirían en agentes que actuarían por cuenta del principal (la marca) y los actuales agentes, que pertenecen a la red secundaria, podrían continuar siendo subagentes de esos nuevos agentes.

Por tanto, según Barea, «sería perfectamente lícito que, como hoy ocurre, ese futuro agente pudiera nombrar subagentes con la autorización de la marca y atendiendo a los criterios o estándares establecidos por ésta para dicho nombramiento. Si la marca pusiera en marcha una red de agentes no genuinos, es decir, distribuidores que asumen riesgos, estos futuros agentes tendrían mayor libertad tanto para nombrar subagentes como para el reparto de su margen con ellos, sin perjuicio de las autorizaciones pertinentes que, en su caso, pueda requerir el fabricante».

Acceso al dato como factor de competencia

Otro de los puntos tratados por Ganvam fue el acceso a los datos del vehículo. La patronal española de la distribución consiguió que el actualizado Reglamento europeo 822/2023 reconociera la importancia del acceso al dato como factor de competencia y de ahí, que abogue por una plataforma abierta y segura donde todos los actores accedan en igualdad de condiciones a la información (no personal y anónima) generada por los vehículos. En esta línea, la asociación defiende una regulación específica para el automóvil en la Ley de Datos europea que «garantice a todas las pymes del sector la oportunidad de desarrollar propuestas basadas en, por ejemplo, ventas y reparaciones predictivas, diagnósticos en remoto o servicios de movilidad basados en la conectividad para garantizar precios más competitivos favoreciendo al consumidor».

El certificado SERMI

Por último, Ganvam llamó la atención sobre la importancia de que los talleres independientes obtengan antes del próximo mes de agosto el certificado SERMI (relativo al acceso a la información de reparación y mantenimiento para la seguridad antirrobo de los vehículos) porque, de lo contrario, «se cerrará el acceso a la información y no podrán realizar operaciones cotidianas como la programación de llaves/cerraduras ni el pedido de piezas o la actualización de cualquier software relacionado con los sistemas de seguridad».