La UEAC denuncia la laxitud de las autoridades con respecto a las ITV

La Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC) ha denunciado esta semana la falta de contundencia de las autoridades con la fecha de inspección de las ITV. Casi seis millones de vehículos circulan por las vías españolas con la inspección técnica caducada y unos dos millones más circulan sin seguro, según cifras facilitadas por AECA-ITV y que la entidad califica de «demoledoras».

UEAC denuncia laxitud autoridades en las ITV

En referencia a los periodos de las revisiones, la UEAC recuerda que para los vehículos cuya fecha de vencimiento de la ITV es posterior al 1 de septiembre no existe ninguna prórroga derivada del COVID-19. Por lo tanto, los propietarios de los mismos tendrán que haber realizado su inspección en la fecha que indique la documentación del vehículo.

La asociación comunica su conformidad con el recurso que presentó la AEA ante el Tribunal Superior al suspender la decisión de las autoridades en la cual los vehículos que pasen la revisión después del aplazamiento, no se contabilice como aplazamiento sino como retraso. «Si un vehículo con motivos de fuerza mayor no ha pasado la ITV en su fecha establecida, cuando vaya a pasarla con una inspección favorable no es lógico que la nueva fecha asignada sea la correspondiente al periodo inicial», defiende la UEAC postulándose en la misma línea del Tribunal Supremo cuando recientemente suspendió cautelarmente la orden de Sanidad del pasado mes de mayo.

Por lo tanto, la catalana se suma a la demanda popular de que la fecha válida de la próxima inspección tenga como referencia la fecha de la última inspección técnica realizada, y no la que habría correspondido de no haberse anunciado el estado de alarma.

Además, desde la asociación se cree que para reforzar la seguridad a las carreteras sería muy importante que las reparaciones graves que impliquen una ITV desfavorable estén hechas por un taller autorizado y regularizado. Esta es una medida que la UEAC lleva años reclamando a las administraciones y que, de la mano de CONEPA, se ha presentado a las administraciones públicas. La entrega de un justificante del taller donde se han hecho las reparaciones en cuestión serviría como medida contra el intrusismo laboral.