La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, detuvo a finales del pasado mes de septiembre a 14 personas durante la operación de desarticulación de una trama que importaba vehículos siniestrados en otros países de la Unión Europea para simular falsos siniestros sufridos en carreteras españolas para cobrar el seguro. La organización delictiva operaba en Valladolid y Burgos y detalla que en el marco de la operación han caído diversos talleres multimarca y un concesionario oficial, negocios todos propiedad de miembros del grupo delictivo.
Según informó la benemérita en un comunicado, dos miembros de la organización incrementaban los beneficios mediante la falsificación de documentos de los vehículos (siempre de lujo) para incrementar los beneficios de las ventas y defraudando impuestos. Para llevar a cabo estas gestiones, se aprovecharon del concesionario oficial en Valladolid del que ambos eran propietarios. En total, se calcula que la estafa pudo ascender a más de 100.000€ a compañías de seguros y unos 500.000€ en el caso de Hacienda.
El método de estafa era el siguiente: se adquirían los vehículos siniestrados en otros países y, gracias al concesionario oficial que regentaban, podían acceder al aplicativo informático de la marca del vehículo para comprobar que no constasen daños. Con los vehículos ya en España, los aseguraban a todo riesgo y simulaban accidentes para que las aseguradoras tuvieran que hacerse cargo de las costosas reparaciones. Para ello, la organización contaba con el apoyo de un perito.
Seguidamente, los vehículos eran reparados en talleres multimarca (también propiedad de miembros de la organización) y se llevaban al concesionario oficial de Valladolid para ser revendidos a terceros con garantía de la marca, sin dejar rastro ni constancia de la existencia del siniestro.
Gracias al visionado de cámaras de tráfico, al estudio de innumerables expedientes de matriculación, a informes de las ITV y a documentación diversa de compra-venta, la Guardia Civil ha podido demostrar que los accidentes de tráfico eran simulados. La desarticulación también se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración de policías de otros países a través de Interpol y Aeat.
Los vehículos se matriculaban a nombre de personas a las que pagaban, o bien a personas a las que usurpaban su identidad gracias a perfiles que lograba otro miembro del grupo, comercial en una empresa de cambió de suministradoras de electricidad. En esta matriculación participó además un gestor administrativo colegiado en Burgos, el cual hacía las gestiones de matriculación en la jefatura de tráfico burgalesa.
A los detenidos se les atribuye, en varios grados de participación, los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa agravada, falsedad documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. También un supuesto delito de blanqueo de capitales, puesto que el beneficio económico logrado era reintroducido en el circuito económico legal a través de la compra-venta de otros vehículos.
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