Federaciones y asociaciones empresariales del metal de toda Canarias, lideradas por Femete, Ascardte y Femepa, presentarán al Gobierno Autónomo la intención de lanzar una campaña contra la compraventa ilegal de repuestos usados de vehículos. Su objetivo será concienciar a la ciudadanía para fomentar el comercio seguro y responsable con el medio ambiente, evitar la economía sumergida y prevenir accidentes.
«Una actividad creciente y devastadora que tan graves perjuicios está provocando, al fomentar la economía sumergida y las estafas, atentando contra el medio ambiente, la seguridad vial, la competencia leal y la creación de empleo», ha declarado el presidente de Femete, Alberto Villalobos, con motivo de la Junta Directiva celebrada recientemente por la patronal y en la que se ratificó el apoyo a esta iniciativa.
Y es que, según dictamina el Real Decreto 20/2017, «la extracción de piezas y componentes para su preparación para la reutilización y comercialización únicamente podrá realizarse en un CAT, y siempre de vehículos que previamente hayan causado baja definitiva en el Registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico y hayan sido descontaminados».
Desde las asociaciones impulsoras de esta iniciativa también quieren trasladar su mensaje a quienes comercializan de forma ilegal con estas piezas, «para que conozcan cuáles son las graves consecuencias de sus actuaciones y las duras sanciones a las que se enfrentan». Al mismo tiempo, la campaña deberá llegar a los centros autorizados de tratamiento para que conozcan cómo proceder y, si procede, denunciar (por ejemplo, y de forma confidencial, a través de la sección «Denuncia ya» en la web de Femete). También a las autoridades competentes, para que se comprometan a luchar de forma contundente con acciones concretas en cuanto a seguir legislando y persiguiendo estas prácticas.
Presión fiscal «excesiva»
Durante la Junta Directiva de Femete, Villalobos recordó que «la economía sumergida es nuestro caballo de batalla. Siempre hay que perseguir la actividad ilegal y la competencia desleal, aunque también es cierto que las cargas sociales e impositivas, la presión fiscal y social, son excesivas. Cuando esto es así está claro que estás abriendo un hueco inmenso para que la economía sumergida tenga su vida propia. Si además añadimos una crisis, pues con más razón todavía».
Una complicada realidad ante la que los políticos no están dando la talla, a juicio del presidente de la entidad, quien lamentó que las administraciones canarias «están muy lejos de bajar impuestos, lo que hacen es subirlos y cada vez estamos más endeudados. Por eso, hay que exigirles que gestionen mejor, que hagan más con menos y que equilibren las cuentas. Solo así se podrá aliviar a las empresas de tanta presión fiscal para favorecer y hacer crecer la actividad económica y empleo legal».
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