Atreve y la Policía Autonómica gallega, juntas contra los talleres ilegales

La Asociación de Empresarios del Taller de Reparación de Vehículos de A Coruña (Atreve) ha alcanzado un acuerdo para la mejora de la colaboración con la Policía Autonómica gallega en la lucha contra los talleres ilegales. Hasta ahora, la entidad recopilaba datos sobre los establecimientos y se enviaba la relación a las autoridades, pero el nuevo procedimiento (sugerido por la propia policía) informará de cada caso tras recibir la primera información, sin esperar a reunir más material, con la finalidad de agilizar las inspecciones y mejorar la eficacia del control sobre el sector.

Atreve mejora colaboración con Policía Autonómica gallega contra talleres ilegales

Desde Atreve se recuerda que los socios, y cualquier interesado, tienen a su disposición en la web un portal de denuncias en el que pueden indicar cualquier situación irregular observada. Las más habituales son las de talleres que no tienen la placa de Industria, o que realizan actividades que no están amparadas por la placa que tienen expuesta, o que no cuentan con la cartelería obligatoria, no están en la base de datos de Industria o que tienen operarios que no están de alta, entre otros.

La asociación recuerda que estas denuncias se trasladan a la Policía Autonómica sin identificar la persona que hace llegar la información, y que son los agentes los responsables de realizar las oportunas comprobaciones y, en su caso, abrir el expediente sancionador que corresponda.

Trayectoria contra los ilegales

La lucha contra los talleres ilegales ha sido, desde hace más de cinco años, una de las tareas prioritarias de Atreve. Cuando se fundó la asociación, en 2017, se contrató a un detective privado para elaborar un completo informe en el que se identificaron 65 negocios de reparación de vehículos irregulares. Aquel estudio se puso en manos de las autoridades, iniciando una colaboración que se ha mantenido a lo largo de los años.

Atreve recuerda que los talleres ilegales representan una merma de facturación de entre el 20 y el 30% al sector de la reparación de vehículos. Los perjuicios que causan estos negocios, además de económicos, afectan a la seguridad en las carreteras y a los derechos de los consumidores.