Anfac denuncia el veto de las Baleares a los vehículos de combustión

Anfac ha denunciado ante la Comisión Europea el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares. Esta norma, ya en avanzada fase de tramitación, prohíbe que puedan circular por las islas vehículos diésel (coches y motos) a partir de 2025. La denuncia también se ha efectuado ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.

Anfac denuncia veto a vehículos de combustión en Baleares

La misma ley pretende prohibir, a partir de 2035, la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por cualquier tipo de combustible fósil (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales). Sólo podrán hacerlo los ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad. En consecuencia, los ciudadanos europeos no podrán acceder con sus vehículos de combustión a estos territorios insulares ni tampoco los concesionarios locales podrán vender vehículos de nuevas tecnologías, como sí pueden hacer los sitos en la Península.

Ante este panorama, la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones denuncia unas medidas que califica de «arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas», que «están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico» y que suponen «un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea», así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.

Infracción del Derecho de la Unión Europea

Anfac asegura que la prohibición incumple la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Por todo ello, solicita a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición. Además, solicita al Consejo de Unidad de Mercado la adopción de las medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.

Los efectos de esta posible ley, ya palpables

Pese a que restan aún seis años para la posible entrada en vigor de la prohibición, sus efectos ya se están haciendo notar. Sin ir más lejos, el anuncio de la tramitación del proyecto de Ley ha provocado que el mercado de venta de vehículos nuevos tenga un ritmo mucho menor en las islas Baleares, que tan solo ha crecido un 1,6% en 2018 frente a la media nacional (7%).

Está afectando, además, al mercado de segunda mano, donde la comercialización de vehículos más modernos cae mientras que la venta de vehículos diésel antiguos, con más de 20 años, ha crecido un 14% debido a que, ante la incertidumbre, nadie quiere invertir en vehículos nuevos o seminuevos. «El golpe para el sector es durísimo mientras que el efecto para el medio ambiente y la salud de las personas es el opuesto al que se pretendía conseguir: circularán vehículos cada vez más antiguos en vez de sustituirse por los nuevos cada vez menos emisores», detalla el escrito de denuncia de Anfac.

La excepción que se abre a los vehículos radicados con anterioridad provocará un efecto llamada de matriculaciones de vehículos de combustión cuando el propio proyecto de Ley ya señala que la ratio de vehículos por habitante es más alta que la media nacional, el parque automovilístico está avejentado y la ratio de achatarramiento es inferior al deseable. Protege de este modo un parque envejecido, lo que provocará el efecto contrario al pretendido.

Además, esta prohibición obliga al consumidor a apostar por una única tecnología (la eléctrica), obviando futuras alternativas. Por lo tanto, elige una tecnología como «ganadora» para su parque automovilístico, sin tener en cuenta su grado de desarrollo tecnológico o las infraestructuras necesarias para su correcta implantación.