Víctor Yenes, secretario de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres (Aesat), concedió este año una entrevista a elnortedecastilla.es en el que reconoció la problemática de los talleres ilegales en Salamanca, aunque recordando que se trata de un asunto que afecta tanto a nivel provincial como nacional.
Preguntado por el número de talleres pirata existentes, Yenes calculó que «en Salamanca, igual que en España, alrededor de un 20% de los talleres establecidos son clandestinos. Dado que aquí muchos centros de reparación están en pequeños pueblos de la provincia y se dedican a la maquinaria agrícola, calculamos que habrá unos 300 en toda la provincia. Si aplicamos ese 20%, habrá en torno a unos 60 ilegales».
En la entrevista, Yenes explicó que estos negocios «son un fraude múltiple. Por un lado afectan al consumidor, porque no hay facturas ni garantías sobre las reparaciones, con el riesgo que ello conlleva para el vehículo y la seguridad vial». Y por supuesto, si las reparaciones fallan, no hay a quién reclamar.
Además, «son un fraude a la Seguridad Social porque no suelen estar dados de alta» y, como no cotizan en ninguna parte, «también son un fraude para la Agencia Tributaria». El secretario de Aesat añadió que estos negocios «no gestionan los residuos de forma adecuada para el medio ambiente. No sabemos qué hacen con los aceites, los neumáticos, los plásticos…». Una actividad fuera del marco legal vigente que se «completa» con el incumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales.
Paradójicamente, es la suma de todos estos incumplimientos lo que hace tan complicada la lucha contra los ilegales. «Hay tantas administraciones implicadas que cada uno hace un poco la guerra por su cuenta. Las asociaciones pedimos más coordinación de los Ayuntamientos, el Seprona, la Seguridad Social, Hacienda… cada uno con sus armas contra estas prácticas. Tendría que haber más coordinación», explicó Yenes.
En esta lucha, las ITV también podrían (y deberían) aportar su grano de arena, por ejemplo, cerrando una importante grieta que, aunque involuntariamente, ampara las actividades de reparación clandestinas. Y es que la ley dice que un coche rechazado en la ITV deberá presentar un documento que certifique que ya está reparado para poder volver a presentarse, un documentos que puede ser una factura de un taller o (y aquí viene la problemática) un certificado del propietario diciendo que lo ha reparado él mismo. Al respecto, el representante de Aesat consideró que la norma debería exigir «una factura de un taller legal. Sería una medida interesante para empezar a atajar el problema».
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