La Asociación de Empresarios de Automoción de Burgos (Adeabur) comunica el inicio de contactos con la Oficina Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio con el objetivo de cruzar datos y así poder elaborar un censo actualizado de los talleres de Burgos. El proyecto, aún en fase inicial, busca «plantear soluciones al control de los negocios legales y definir, mediante un censo cruzado, los que se han transformado, para actualizar sus datos, añadir las jubilaciones, traspasos, traslados o ampliaciones que se han regularizado», indican desde la asociación.
El noticiario El Correo de Burgos informa de esta noticia, haciéndose de la denuncia que plantea la asociación de talleres provincial al recordar que «no ha habido rigor en la actualización del censo y queremos ponerlo en orden. Al tener datos por tres vías distintas, sabremos los que están y luego iremos revisando uno por uno los negocios que presentan dudas».
Su secretario general, Gabriel Martínez, recuerda al hablar de los talleres ilegales (cuyo foco también está puesto con la actualización del censo) que «hay algunos reincidentes, hay quien acumula tres o cuatro expedientes pero ninguna multa y vuelve a abrir». Por eso, desde la organización empresarial demandan que «igual de exigentes que son con las aperturas de nuevos establecimientos, que nos parece correcto, lo sean en la aplicación de expedientes que inician los Cuerpos de Seguridad del Estado sobre estos negocios ilegales».
En la actualidad, existen unos 420 talleres en la provincia de Burgos que emplean de manera directa a entre 1.200 y 1.500 personas, a los que se añade el trabajo de unos 600 autónomos. Según la asociación, el sector genera cerca de 2.000 empleos directos, a los que habría que sumar los dedicados a suministros y compraventa.
Al respecto, Adeabur recuerda a los ciudadanos (usuarios finales de los talleres) que los talleres a los que acudan deben tener una placa distintiva de Industria que acredita su especialidad como taller. Esto garantiza que se cumple con las medidas de seguridad industrial, medioambiental y de formación del personal, además de ser transparente desde el punto de vista fiscal y a afectos de presupuesto de reparación, calidad y emisión de factura.
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