Adeabur denuncia la impunidad de los talleres ilegales

La Asociación de Empresarios de Automoción de Burgos (Adeabur) exige más contundencia con los expedientes de los talleres ilegales.

Este tipo de talleres realizan una de cuatro reparaciones en España y no poseen permisos reglamentarios, acceso a la información técnica de los vehículos ni ninguna de las licencias y autorizaciones que marca la legislación vigente. Además, los establecimientos clandestinos tampoco cumplen las normativas en materia de seguridad laboral o gestión medioambiental de los residuos y no emiten factura por sus servicios.

Adeabur alerta sobre inseguridad que provocan talleres ilegales

Aún así, muchos casos de talleres inspeccionados y cerrados vuelven a abrir en una localización distinta, según ha explicado Adeabur en El Correo de Burgos. Desde la organización han lamentado la impunidad con la que operan muchos talleres, que «pasan de una nave de 500 a otra de 1.000 m2 y en cada inspección se abre el mismo expediente por ilegalidad del taller, pero vuelve con las mismas».

Precio final similar

Adeabur quiere concienciar al ciudadano, especialmente el cliente de talleres ilegales y clandestinos. Señalan que entregar un trabajo sin factura «no ofrece garantías si hay problemas con alguna de las piezas» y que el precio de reparación no es tan económico como parece.

«Si un taller te cobra a 20 euros la hora y en otro pirata lo hacen a 15 aparentemente te parece más barato pero no lo es porque después te cargan más horas de las realizadas y el precio acaba siendo el mismo», explican desde la asociación.

Adeabur defiende los intereses de un centenar de talleres que dan empleo a 1.400 personas en la provincia y ha denunciado una treintena de talleres ilegales. Se sancionaron cerca de 40 talleres y en algunos casos «en una sola actuación se detectaron hasta 24 ilegalidades», señalan.

La organización, que trabaja codo a codo con la administración y con las fuerzas de seguridad, ya se ha reunido con Subdelegación del Gobierno, Delegación de la Junta y el Ayuntamiento para analizar el porqué de la reincidencia de los denunciados.