El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente la prórroga de los ERTEs, que se extienden hasta el 31 de enero de 2021. A escasas horas de la finalización de este mecanismo, auténtico flotador de empresas y trabajadores en tiempos de pandemia, el Gobierno ha oficializado el acuerdo alcanzado con los sindicatos (CCOO y UGT) y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.
Este acuerdo prioriza los recursos destinados para un listado de sectores concretos y mantiene las prestaciones de paro intactas para aquellos trabajadores que se encuentren actualmente en un expediente de regulación temporal de empleo.
Con esta, ya son cuatro las prórrogas que La Moncloa ha activado para satisfacer las necesidades de un tejido empresarial que sigue sufriendo las consecuencias de una economía maltrecha por las limitaciones propias de la lucha contra el coronavirus.
Principales medidas de la prórroga
- Se prorrogan automáticamente todos los ERTEs por fuerza mayor. No obstante, las empresas deberán volver a tramitar una solicitud colectiva al SEPE para que sus trabajadores sigan cobrando la prestación del paro.
- Será posible solicitar nuevos ERTEs de fuerza mayor tanto por el impedimento como por la limitación de la actividad en todos los sectores (cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite los aforos, los horarios y la actividad de los negocios). Los mismos estarán altamente exonerados con cuotas.
- Se establecen exoneraciones en la cotización para empresas que pertenecen a sectores con una elevada tasa de cobertura de ERTEs y una reducida tasa de recuperación de la actividad sin necesidad de solicitar un nuevo expediente.
- Los trabajadores fijos discontinuos podrán percibir una prestación extraordinaria.
- No se reducirá el porcentaje de base reguladora para calcular las prestaciones del ERTE cuando ya se hayan percibido seis meses de prestación.
- Se mantiene el «contador a cero» y el acceso a las prestaciones del paro sin carencia previa.
- Se mantiene la limitación de la repartición de dividendos y de acceso a ayudas para empresas establecidas en paraísos fiscales.
- Se establece una nueva protección del trabajo de seis meses.
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