El nuevo Real Decreto refuerza el reciclado de neumáticos en España con más control, transparencia y comunicación.

El Real Decreto 712/2025, aprobado el pasado 8 de julio, marca un hito en la normativa española sobre gestión de…


El Real Decreto 712/2025, aprobado el pasado 8 de julio, marca un hito en la normativa española sobre gestión de neumáticos fuera de uso (NFU). La nueva norma refuerza el principio de responsabilidad ampliada del productor y actualiza los requisitos para productores, distribuidores y gestores del sector posventa.

Nuevas obligaciones para el mercado

La norma establece obligaciones claras para todos los actores implicados en la cadena:

  • Productores y fabricantes deberán garantizar la correcta gestión de los neumáticos al final de su vida útil.

  • Distribuidores y talleres deberán recoger gratuitamente los NFU al realizar un cambio, sin exigir al consumidor que demuestre la compra en su establecimiento.

  • Se refuerzan los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) como TNU, que deberán asegurar trazabilidad y transparencia en toda la gestión.

Impacto en el sector posventa

El Real Decreto tiene implicaciones directas para los talleres:

  • Necesidad de adaptarse a nuevos protocolos de recogida y almacenamiento

  • Revisión de acuerdos con gestores autorizados

  • Obligación de informar a los consumidores sobre la trazabilidad de los neumáticos que entregan

Desde TNU se insiste en la importancia de garantizar que los NFU se gestionen adecuadamente y se evite su abandono en espacios inadecuados, mejorando los procesos de valorización y reduciendo el impacto ambiental.

Un marco alineado con la economía circular

La nueva legislación responde a las directivas europeas en materia de economía circular y tiene como objetivo mejorar la eficiencia en el uso de recursos, fomentar el reciclaje y reducir las emisiones asociadas a la gestión incorrecta de residuos.

TNU recuerda que la colaboración entre productores, talleres y distribuidores es esencial para que la nueva normativa tenga un efecto positivo tanto en el medioambiente como en la competitividad del sector.



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